La compañía china Shein, conocida por su expansión global en el mercado de la moda rápida, enfrenta una nueva ola de presión legal en Europa. Este jueves, Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, en alianza con otras 24 organizaciones integradas en la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), anunciaron que han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea (CE) y los organismos nacionales encargados de proteger a los consumidores en los Estados miembros de la Unión Europea.
Las entidades firmantes solicitan una intervención urgente para revisar las prácticas de Shein, que según denuncian, podrían vulnerar derechos fundamentales de los consumidores, entre ellos la transparencia en los precios, la calidad de los productos, el respeto por las normas medioambientales y la correcta identificación de los vendedores.
La acción colectiva ha sido coordinada desde el bloque comunitario, aprovechando las herramientas legales del Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores, que permite a las autoridades europeas investigar y sancionar a empresas con actividad transfronteriza que incumplan las normativas.
Desde la BEUC se advierte que la plataforma asiática “engaña al consumidor con precios gancho, ofertas engañosas y políticas poco claras de devolución”, además de una excesiva opacidad sobre la procedencia de los productos y sus condiciones de fabricación, lo que también plantea inquietudes en materia laboral y ambiental.
Por su parte, fuentes de Asufin señalaron que esta denuncia “no busca solo sanciones, sino un cambio estructural en las prácticas de Shein en Europa”, asegurando que es hora de que las grandes plataformas digitales respondan ante la justicia por los derechos de los ciudadanos europeos.
Hasta el momento, Shein no ha emitido comentarios oficiales respecto a esta nueva denuncia, aunque en anteriores ocasiones ha defendido que cumple con las normativas vigentes en los países donde opera.
La Comisión Europea deberá ahora evaluar la admisibilidad de la denuncia y decidir si abre un procedimiento formal, lo que podría derivar en sanciones o incluso restricciones para operar dentro del mercado único europeo.
