El Tribunal Constitucional de Ecuador ha dado luz verde ayer miércoles al juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, por presunta corrupción.
La decisión se ha tomado con seis votos a favor, de un total de nueve magistrados que componen este organismo, según ha informado el propio tribunal en un comunicado.
El dictamen determina que corresponde a este tribunal efectuar el análisis del procedimiento y del contenido de la solicitud, con el fin de “garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa”, y asegurar así “que la institución del juicio político al presidente no sea utilizada de forma arbitraria”.
Asimismo, los magistrados han señalado que tanto la solicitud como el trámite seguido desde la Asamblea Nacional “han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, a pesar de que ha llamado la atención por la “falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional”.
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Los jueces han aceptado únicamente una de las tres causas planteadas, la relativa a supuesto malversación en un contrato de una empresa pública. Mientras, las otras dos acusaciones --por delito de pacto ilícito-- no han sido admitidas porque “no cumplen con las exigencias” legales y constitucionales.
Tras la admisión por parte de la Justicia ecuatoriana, el dictamen será remitido a la Asamblea Nacional. Deberá pasar por la Comisión de Fiscalización para recabar pruebas y que Lasso ejerza su derecho a la defensa.
Por último, los parlamentarios votarán en el pleno, donde se necesitarán 92 votos --dos terceras partes de la cámara-- para que el mandatario fuera destituido.
