En una medida tan polémica como simbólica, el presidente Donald Trump ha ordenado la reapertura de la histórica prisión de Alcatraz, ubicada en un pequeño islote en la bahía de San Francisco. La decisión, anunciada en un acto en Arizona este lunes, busca, según sus palabras, “poner fin a la era en la que Estados Unidos es rehén de jueces blandos y devolver el miedo a quienes siembran el caos”.
La prisión de Alcatraz, célebre por haber albergado a algunos de los criminales más peligrosos del siglo XX, como Al Capone, cerró sus puertas en 1963 debido a los altos costos de mantenimiento y las duras condiciones para internos y personal. Desde entonces, se ha mantenido como un destino turístico y símbolo del sistema penitenciario estadounidense.
Trump afirmó que “es hora de que los peores criminales vuelvan a temer a la justicia”. Durante su intervención, criticó duramente a jueces y fiscales que, según él, han impedido castigos ejemplares para asesinos, pandilleros y narcotraficantes. “Ya no vamos a suplicar sentencias duras ni a ver cómo liberan a monstruos. Alcatraz volverá a ser lo que fue: un símbolo de autoridad”, sentenció.
La iniciativa ha generado reacciones inmediatas. Defensores de los derechos humanos han calificado la propuesta como “retrógrada y puramente propagandística”. Amnistía Internacional señaló que “revivir prácticas carcelarias arcaicas no resolverá la crisis de seguridad”. Por su parte, la administración de California aún no ha emitido una respuesta formal, aunque expertos advierten que reabrir Alcatraz requeriría superar enormes desafíos legales, logísticos y medioambientales.
En contraste, figuras conservadoras y parte de la base trumpista celebraron el anuncio, interpretándolo como un golpe de efecto ante lo que consideran un auge de la delincuencia y la permisividad judicial.
Pese al impacto mediático, la reapertura efectiva de Alcatraz podría tardar años e incluso enfrentar bloqueos judiciales.