Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia a través de un proceso parlamentario completo, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley denominado “Muerte digna”. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el país dio un paso histórico en materia de derechos humanos y bioética, luego de cinco años de intensos debates políticos, sociales y académicos.
La nueva norma permitirá a las personas mayores de edad, con plena capacidad mental y que sufran una enfermedad incurable o padezcan dolores insoportables, solicitar de manera personal y por escrito la eutanasia. Esta deberá realizarse de forma “indolora, apacible y respetuosa de la dignidad humana”.
El texto fue respaldado por la bancada del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una legisladora del Partido Nacional. Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos apoyaba la medida, reflejando la inclinación de la sociedad hacia la ampliación de derechos, como ocurrió anteriormente con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.
Inspirada en legislaciones europeas como la de Países Bajos, la ley uruguaya establece un sistema de garantías que incluye la opinión de dos médicos independientes y la posibilidad de una Junta Médica en caso de discrepancias. Además, se creará una comisión honoraria encargada de supervisar los casos y presentar informes anuales al Ministerio de Salud y al Parlamento.
Durante el debate, el exdiputado colorado Ope Pasquet —impulsor del primer proyecto en 2020— defendió la norma: “El que quiera eutanasia que la pida, y el que no la quiera que la rechace. La decisión es privativa de la persona”.
En contraste, el senador Javier García, del Partido Nacional, se manifestó en contra al considerar que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”.
El debate sobre la eutanasia en Uruguay tomó fuerza en 2019 tras el caso de Fernando Sureda, un exdirigente del fútbol uruguayo que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y solicitó sin éxito la legalización antes de su muerte. Su pedido fue el detonante de un proceso que hoy coloca al país como referente regional en derechos humanos y libertad individual.
