Con una votación unánime, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de 1.2 millones de dólares al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Los fondos están destinados a indemnizar a la empresa Inmobiliaria Pizón S.A. por la expropiación de terrenos en la comunidad de El Progreso, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.
El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, explicó que este monto corresponde a un avalúo estatal realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General, que estima el valor del terreno en 12.5 millones de dólares. Este traslado presupuestario, sin embargo, marca el inicio de un proceso más amplio de legalización para beneficiar a unas 4,400 familias que actualmente ocupan el terreno.
Un problema de larga data
El terreno, de 76 hectáreas, fue declarado de interés social mediante el Decreto Ejecutivo No. 153 de 2021 y será transferido al Banco Hipotecario Nacional (BHN) para su administración en proyectos estatales. Sin embargo, el proceso de indemnización ha estado envuelto en polémicas, ya que los diputados de la bancada Vamos cuestionaron la legitimidad de los títulos de propiedad, pues la Inmobiliaria Pizón S.A. no aparece en el Registro Público como propietaria del terreno.
El ministro Jované explicó que el terreno fue dado como garantía por Río Pinzón S.A. a la Caja de Ahorros, pero posteriormente fue invadido, complicando el proceso legal. Además, destacó que este problema lleva 24 años sin resolverse.
Propuesta contra invasiones de tierras
Durante la sustentación, Jované anunció que el Miviot trabaja en un proyecto de ley para regular y sancionar las invasiones de tierras en Panamá. El ministro subrayó la importancia de dotar al Estado de herramientas legales para abordar este problema, que no solo afecta a Panamá Oeste, sino a otras regiones del país.
“Las invasiones de tierras generan desorden territorial y son un desafío para la administración de justicia y la planificación estatal. Queremos actuar con firmeza para evitar estos conflictos,” señaló el ministro. También explicó que los desalojos suelen ser complicados, ya que están bajo la jurisdicción de los jueces de paz, lo que dilata las resoluciones.
