El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha estado en el centro de la polémica debido a la discrecionalidad en el desembolso de auxilios económicos, con un gasto significativo de $7.1 millones entre enero y marzo de este año. Estos fondos representan la mitad de los recursos asignados a programas de financiamiento educativo.
La distribución de estos fondos ha generado críticas, especialmente porque se desconoce la identidad de los beneficiarios. Aunque se reveló el monto total de los desembolsos, aún no se han divulgado los nombres de las personas que recibieron estos auxilios.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha insistido en que el Ifarhu debe ser transparente y revelar esta información, argumentando que el uso de fondos públicos debe ser público. Además, la Antai ha solicitado la derogación de una resolución que declara como “datos confidenciales” la información sobre el otorgamiento de beneficios económicos.
Es llamativo observar la diferencia en los montos asignados entre los beneficiarios de auxilios económicos (386 personas recibieron $7.1 millones) y los estudiantes distinguidos con becas (7,656 estudiantes recibieron $4.9 millones). Esto plantea preguntas sobre la equidad y la distribución justa de los recursos.
El silencio por parte de las autoridades del Ifarhu y del gobierno ha sido notable frente a estas críticas. Incluso, el exdirector del Ifarhu, actualmente candidato a diputado, se ha mantenido al margen de los reclamos.
En última instancia, es esencial que las instituciones públicas, como el Ifarhu, cumplan con las normativas de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los fondos del Estado se utilicen de manera justa y equitativa en beneficio de aquellos que más lo necesitan, especialmente en el ámbito educativo.
