Absuelta, así quedó la ex ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés, dentro de la causa penal que se le seguía por el supuesto delito de peculado en el cobro de unos viáticos de la entidad.
Así lo informó el Órgano Judicial al detallar la sentencia N° 34-2022 del Juzgado Tercero Liquidador dentro del proceso seguido a Cortés y otras cinco personas.
Para su decisión, el juez Fernando Basurto explica que no se observó lesión patrimonial alguna al Estado, toda vez que los dineros fueron devueltos al erario y se pudo determinar que producto de gestiones administrativas es que se da el doble pago de viáticos, no observando el dolo que requiere el tipo de delito investigado.
Igualmente, manifiesta el juzgador que, en los intentos de cobro de los citados dineros, también se observa que fueron trámites administrativos que no fueron llevados adecuadamente, toda vez que hasta el año 2014 no se le había notificado de los requerimientos de devolución de los mismos.
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Agrega Basurto que: “Evidentemente, nos encontramos ante trámites exclusivamente administrativos, que en el caso de los investigados observamos que ninguno tenía dentro de sus facultades decidir al respecto de elementos esenciales como lo son las fechas de viaje, el cálculo de los viáticos correspondientes, compras de pasajes aéreos para poder definir fechas de salidas o entradas al país, así como un aspecto sumamente importante que vemos a lo largo de la investigación y fue ignorado por completo, como es el hecho de la diferencia de husos horarios que se dan en nuestro planeta, el cual influye directamente en la hora local de cada región, lo que observamos dio paso a errores en los cálculos de cada viático asignado y que debió haber sido resuelto mediante el respectivo trámite administrativo, siguiendo los pasos correspondientes para subsanar la situación que, como podemos observar, se dio paso a la esfera penal”.
Alma Cortés, ministra en la gestión del expresidente Martinelli, fue denunciada por la administración entrante del Mitradel por presunta lesión patrimonial por el orden de unos 200 mil dólares.
