Un grupo de los 28 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) que fueron separados de sus cargos tras una investigación judicial iniciada en diciembre del 2015, y luego declarados inocentes por el Juzgado Decimoquinto Penal en mayo del 2018, protestaron esta mañana en las escalinatas principales del Palacio Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia.
Los aduaneros reclaman que el Segundo Tribunal Superior de Justicia resuelva con rapidez una apelación que presentó la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Leysi Bonilla, y que se encuentra pendiente de decisión desde hace más de un año.
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Enrique Montenegro, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFA), estuvo en la protesta respaldado a sus compañeros y expuso que con la acción judicial se ha puesto en juego la salud y la vida de estos funcionarios, que por años han quedado sin el sustento para llevar a sus hogares. Ello sin tomar en cuenta el tiempo que mucho de ellos estuvieron detenidos en prisión. Por ello pidió al Tribunal adoptar una rápida decisión que favorezca a los funcionarios validando lo resuelto por el Juzgado XV.
Policías jubilados se toman Aduanas
Alegó que quienes armaron el expediente torcieron todo el proceso investigativo para culpar a los funcionarios y tomarse la entidad. En ese sentido, hizo un llamado de atención al actual presidente Laurentino Cortizo, sobre la actual cantidad de policías jubilados que están ingresando a Aduanas, donde incurren con actuaciones represivas y de abusos.
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“Luchamos para acabar la dictadura policial y ahora hemos caído en una civil con estos policías jubilados", se quejó Montenegro al asegurar que la lucha de los funcionarios aduaneros continuará.
Pidió a la actual directora de la institución, Tayra Barsallo, ser más proactiva en lo que acontece con los funcionarios procesados, porque ya son casi cuatro años de sufrimiento que han tenido que soportar injustamente.
