La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) abrió una investigación de oficio para determinar si existe un posible conflicto de interés por el nombramiento de Sherina Latorraca, hija de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Zaira Santamaría de Latorraca, como directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El caso tomó fuerza luego de los cuestionamientos realizados por el diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, durante la discusión presupuestaria del TACP en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Durante su comparecencia, Santamaría de Latorraca rechazó que existiera un conflicto de interés y sostuvo que antes de que su hija aceptara el puesto se hicieron consultas a la Procuraduría de la Administración y a la Antai para verificar que no existiera una incompatibilidad.
Sin embargo, la controversia escaló después de que Vega solicitara información directamente a la Antai. Según la respuesta divulgada por el diputado y recogida por varios medios nacionales, la entidad aseguró que no había sido consultada sobre esa contratación y anunció la apertura de una investigación para determinar si existe un aparente conflicto de interés.
Magistrada defiende el nombramiento
Santamaría de Latorraca ha defendido la designación de su hija argumentando que su posición dentro de la DGCP no implica la adopción de decisiones jurisdiccionales.
Explicó ante los diputados que Sherina Latorraca trabaja en el área de Asesoría Legal, emite conceptos que son remitidos al director de Contrataciones Públicas y no tiene firma para adoptar las decisiones finales.
Sherina Latorraca ocupa el cargo de directora de Asesoría Legal de la DGCP desde abril de 2026 y recibe un salario mensual de $3 mil 500, según información publicada sobre el caso.
¿Dónde estaría el posible conflicto?
Los cuestionamientos se centran en la relación institucional entre la DGCP y el TACP. La primera tiene entre sus responsabilidades regular, administrar y fiscalizar los procedimientos de contratación pública, mientras que el Tribunal conoce y resuelve recursos y controversias derivados de esos procesos.
Además, ambas instituciones mantienen relaciones de coordinación en materia de contratación pública. En enero pasado, por ejemplo, el propio TACP informó oficialmente de una reunión entre Santamaría de Latorraca y el director general de Contrataciones Públicas, Javier Marquínez, para abordar modificaciones a la legislación de contrataciones públicas.
El debate también alcanza el Código de Ética de los Servidores Públicos. De acuerdo con información citada por La Prensa, su artículo 41 establece restricciones para servidores públicos con determinados vínculos de parentesco cuando ejercen funciones en unidades administrativas que mantienen entre sí relaciones de control o fiscalización.
Antai deberá determinar si hubo una infracción
La apertura de la investigación no implica que se haya determinado la existencia de una falta administrativa ni de un conflicto de interés. Será la Antai la encargada de evaluar las circunstancias del nombramiento y establecer si se vulneraron las disposiciones sobre ética pública aplicables al caso.
Zaira Santamaría de Latorraca ejerce la presidencia del TACP desde enero de 2026. La propia institución confirmó que fue designada magistrada principal y posteriormente escogida presidenta y representante legal del Tribunal para el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de este año.
