La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) volvió a sacar la lupa y esta vez encontró serias irregularidades en el gobierno local del distrito de Arraiján. Dos figuras públicas quedaron en el ojo del huracán: la representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, y el vicealcalde Oliver Ríos, ambos sancionados por faltas éticas tras investigaciones internas.
En el caso de la representante de Burunga, Antai recibió una denuncia que destapó una bomba administrativa: personal asignado a la Junta Comunal no estaba cumpliendo con sus funciones y, para colmo, los informes de labores no tenían ni supervisión ni respaldo. La entidad calificó el hecho como negligencia administrativa, señalando que se violaron varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004, especialmente aquellos que exigen responsabilidad y control en el manejo del recurso humano.
Antai no se quedó solo con la sanción a Gaitán. También apuntó al segundo al mando en el Municipio de Arraiján. Una denuncia anónima reveló que el vicealcalde Oliver Ríos tenía a familiares trabajando bajo su supervisión directa, lo que representa un conflicto de intereses. Aunque no se precisó el parentesco exacto, se confirmó que el vínculo era cercano, lo cual compromete la imparcialidad en la toma de decisiones.
La entidad subrayó que este tipo de prácticas afectan la equidad, dañan la confianza ciudadana y minan la transparencia institucional.
Antai, en su comunicado, recordó a todos los servidores públicos que el Código de Ética no es opcional y que quien maneje fondos del Estado debe hacerlo con responsabilidad, transparencia y sin amiguismos.
Esta doble sanción deja claro que la vigilancia sobre el manejo del poder local sigue activa… y que no importa el cargo, cuando hay falta ética, las consecuencias llegan.
