La Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Policía Nacional, realizó este jueves 25 de junio la operación Sedu, mediante la cual fueron ubicados los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, requeridos dentro de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
En el caso de López, exsecretario general del Suntracs y de Conusi, la aprehensión fue ordenada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, como parte de las pesquisas relacionadas con el manejo de fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.
La investigación surge de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado el 4 de junio, que detectó presuntas irregularidades en recursos provenientes del 5% del Seguro Educativo. Estos fondos, administrados por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales, estaban destinados a programas de educación sindical y otras actividades contempladas por la ley.
Según la fiscalía, el caso involucra fondos por más de 750 mil dólares transferidos a Conusi entre enero de 2019 y junio de 2023. Las pesquisas señalan que se ejecutaron 265 seminarios dirigidos a 5,314 participantes, pero no existirían documentos suficientes que sustenten la entrega de viáticos, las firmas de recepción ni los montos pagados.
Además, los investigadores habrían encontrado listas de asistencia a supuestas capacitaciones en las que aparecen nombres de personas fallecidas antes de las fechas en que se debían realizar los seminarios. También se detectó la presunta compra de bienes con intención de traspasarlos a personas jurídicas distintas a Conusi y depósitos de fondos en cuentas personales.
Como parte de las diligencias, autorizadas por un juez de garantías, se realizaron allanamientos y registros en Panamá y Panamá Oeste. Durante los operativos se recabaron indicios relacionados con los hechos investigados.
La fiscalía también ordenó la cautelación de un vehículo valorado en 51 mil dólares y cuatro bienes inmuebles con un valor aproximado de 400 mil dólares. El pasado 8 de junio ya se había realizado un allanamiento en la sede de Conusi en busca de documentación vinculada al caso.
