Tres funcionarios vinculados al manejo de fondos públicos fueron aprehendidos en el marco de una investigación por presunto peculado que supera los 640 mil dólares, relacionado con un proyecto de reforestación con plantones de cacao en la provincia de Los Santos.
Se trata de dos exfiscalizadores de la Contraloría General de la República y un funcionario del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), señalados por su presunta participación en irregularidades detectadas durante la ejecución del programa.
Los operativos incluyeron allanamientos en distintos puntos del país: en la provincia de Los Santos, en Arraiján (Panamá Oeste) y en el sector de El Crisol, en la provincia de Panamá. Durante estas diligencias se logró ubicar a los sospechosos, quienes habrían tenido responsabilidad directa en el manejo irregular de los recursos asignados al proyecto.
Las anomalías fueron detectadas en noviembre de 2025, cuando la Contraloría realizó auditorías que revelaron inconsistencias en los procesos de licitación, contratación y desembolsos. Entre los hallazgos se documentaron pagos efectuados sin las actas correspondientes, así como la ausencia de estudios de campo que sustentaran la viabilidad y el avance real de la iniciativa.
Las auditorías también evidenciaron la falta de un sistema de riego adecuado para garantizar el funcionamiento del proyecto, el alquiler de equipos que no llegaron a utilizarse y deficiencias en la siembra de los plantones de cacao. Además, se registraron desembolsos sin actas de aceptación formal y no se gestionaron oportunamente las reclamaciones de las fianzas, lo que impidió adoptar medidas para intentar rescatar la ejecución del programa.
El proyecto formaba parte de un convenio interinstitucional en el que participaban el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) y el Ministerio de Ambiente. La iniciativa contemplaba el desarrollo de cinco fincas ubicadas en los distritos de Pocrí, Tonosí y Pedasí, en Los Santos.
Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que no descarta la posible aprehensión de otras personas que habrían tenido participación activa en la ejecución del proyecto, pero que no realizaron una gestión adecuada de los fondos ni de los recursos técnicos necesarios para su implementación.
