La tensión política sube en el distrito más poblado de Panamá Oeste. Este viernes arrancó una nueva fase del proceso de revocatoria de mandato que pone bajo la lupa a tres figuras claves: la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba; su vicealcalde, Oliver Joel Ríos García; y el diputado Manuel Cheng.
El Tribunal Electoral (TE) anunció que los promotores de estas iniciativas tienen 120 días hábiles —cuatro meses— para recolectar 57,465 firmas en cada caso, lo que equivale al 30 % del padrón electoral de Arraiján en 2024.
Firma con reglas nuevas
De acuerdo con el Decreto 8 de julio de 2025, los ciudadanos que deseen apoyar las solicitudes deberán presentarse personalmente en las oficinas regionales del TE, y lo tendrán que hacer acompañados de los responsables de la iniciativa. La medida busca garantizar la validez de cada apoyo y evitar que se repitan los cuestionamientos que en otros distritos empañaron procesos similares.
Reacción de la alcaldesa
La primera en reaccionar fue Stefany Peñalba, quien calificó el proceso como infundado. “Este proceso no tiene fundamento sólido y estoy convencida de que no va a prosperar”, declaró la alcaldesa, quien aseguró que su equipo está “enfocado en resultados” para el distrito.
Ni el vicealcalde Oliver Joel Ríos García ni el diputado Manuel Cheng se han pronunciado hasta ahora sobre la medida.
Un hecho inédito en Arraiján
Si los promotores logran alcanzar el mínimo de firmas, correspondería al TE convocar un referéndum revocatorio, un escenario que sería inédito en la historia política de Arraiján. La posibilidad de que los ciudadanos tengan en sus manos la decisión de mantener o remover a sus autoridades elegidas ha generado expectativa entre los residentes del distrito.
La recolección de firmas se convierte, desde ya, en un pulso político de alto voltaje, donde los promotores tendrán que movilizar bases y recursos para alcanzar las más de 57 mil rúbricas requeridas en un plazo de cuatro meses.
Mientras tanto, los ojos del país estarán puestos en Arraiján, donde este proceso podría sentar un precedente en la manera en que los ciudadanos fiscalizan a sus autoridades electas.
