El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concluyó este miércoles 14 de enero la lectura del auto de llamamiento a juicio dentro del caso Odebrecht, en el que se vincula al expresidente panameño Ricardo Martinelli, al exministro Frank De Lima, así como a Jaime Lasso, Michelle Lasso y Aaron Mizrachi, todos imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la constructora brasileña.
En el caso de Ricardo Martinelli, la trazabilidad de los hechos determina que su participación surge por haber recibido fondos en calidad de destinatario final, tanto a título personal como a través de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar, S.A., dineros que estaban vinculados a la denominada Caja 2 de Odebrecht. Estos recursos provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas, creado para gestionar pagos ilícitos no contabilizados, canalizados a través de cuentas en el extranjero controladas por sociedades como Constructora Internacional del Sur, Kleinfeld Services Ltd., Innovation Research Engineering e Intercop Logistic Ltd., manejadas por Olivio Rodrigues. Posteriormente, los fondos eran transferidos a Caribbean Holding Services, desde donde se realizaban transacciones financieras y se emitían cheques de gerencia a favor de Martinelli.
El auto judicial precisa que el Departamento de Operaciones Estructuradas funcionaba como una unidad autónoma dentro de Odebrecht, encargada de planificar, supervisar y ejecutar el pago de sobornos en distintos países, incluido Panamá.
Asimismo, recoge los señalamientos realizados por Aaron Mizrachi el 2 de septiembre de 2020, quien durante su declaración indagatoria indicó que Martinelli era su cuñado desde hacía 17 años, razón por la cual recibió dinero a solicitud del exmandatario por parte de Odebrecht.
También se citan las declaraciones rendidas en 2017 por André Rabello, entonces director de la filial de Odebrecht en Panamá, quien manifestó que los servicios de lobby en el país eran gestionados por la familia Martinelli y que las reuniones se realizaban en sus supermercados. A ello se suma la declaración de Mónica Moura, quien señaló que, a través de Rabello, conoció a Martinelli y negoció un contrato por 21 millones de dólares para la campaña presidencial de José Domingo Arias, así como para mejorar la imagen del gobierno de Martinelli. Moura también afirmó que en una ocasión el expresidente le entregó 500 mil dólares en efectivo cuando se quedó sin liquidez.
En cuanto al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, la vinculación surge por haber recibido presuntamente, en calidad de destinatario final y real, dineros de procedencia ilícita pagados por Odebrecht mediante un esquema estructurado y sofisticado, que incluyó el uso de sociedades como Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma, así como el presunto uso de testaferros. Según la investigación, estos fondos ingresaron al sistema financiero panameño desde cuentas ubicadas en el Principado de Andorra.
