Panamá y Colombia acordaron este viernes aplicar un plan de flujo controlado de miles de migrantes en tránsito hacia EE.UU. que están generando una crisis humanitaria en la frontera común, así como trabajar para judicializar a los traficantes de personas que se lucran con este fenómeno.
Tras una reunión de alto nivel en la localidad de San Vicente, provincia del Darién, la canciller panameña, Erika Mouynes, y su colega y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, insistieron en la necesidad de que los países de origen, tránsito y destino de estos migrantes, en su mayoría haitianos que están saliendo de Chile, se involucren para dar una solución coordinada que evite crisis humanitarias o sanitarias.
Al menos 10 mil migrantes en tránsito están represados en el municipio colombiano de Necoclí, y el próximo lunes las autoridades de ambos países se reunirán para definir cuántos podrán cruzar hacia Panamá cada día y por cuál vía, según se anunció este viernes.
Mouynes anunció que el próximo lunes autoridades de seguridad, migración y de la Cancillería panameña viajarán al lado colombiano de la frontera “para determinar un número o una cuota” de migrantes que puedan cruzar diariamente y “ser recibidos de una manera segura y ordenada en el lado panameño”.
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La canciller panameña recordó que este flujo de migrantes procedentes de países de todo el mundo y que tienen como destino Norteamérica ocurre desde hace más de una década, y que Panamá lo ha encarado siempre “con un enfoque humanitario”.
Según datos oficiales panameños, en lo que va de este año han cruzado hacia Panamá 49 mil migrantes, la mayoría de nacionalidad haitiana y cubana.
Ramírez dijo por su parte que en la cita del próximo lunes se trabajará para que “preferiblemente” el contingente diario de personas que cruce la frontera “se muevan por un solo sitio, tengan un solo lugar de llegada a Panamá, se muevan ojalá con un transporte totalmente organizado y controlado por las autoridades de Colombia” y se evite su paso por la peligrosa selva del Darién.
“Se definirá como saldrán, de qué manera organizamos este tráfico marítimo (o) el transporte que se defina, la cantidad de personas que Colombia puede, responsablemente, controlar, ojalá podamos también que tener controles biométricos, sanitarios”, añadió.
En 2016, en medio de una crisis de migrantes cubanos, Panamá y Costa Rica acordaron un esquema de flujo controlado, que en el lado panameño incluye atención sanitaria, alimenticia y registros biométricos, según sostienen las autoridades.
Las cancilleres enfatizaron que se trabajará de manera conjunta para identificar y llevar ante la justicia los traficantes de personas que se están lucrando con este movimiento migratorio, para lo cual, dijo Ramírez se contará con “el trabajo de Ameripol, de Interpol y la Inteligencia”
“Nuestros dos países tienen un gran compromiso humanitario pero son dos países que están expuestos a que todo este tráfico de personas vaya de la mano con el tráfico de drogas que ambos países queremos evitar”, agregó la vicepresidente colombiana.
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Mouynes y Ramírez destacaron además que esperan que se consigan “soluciones realmente conjuntas” al tema de este flujo migratorio en la reunión ministerial convocada por Panamá para el próximo 11 de agosto, en la que ya han confirmado sus participación Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica.
“El origen de esta migración en este momento es sobre todo Chile, tenemos que trabajar de la mano de las autoridades chilenas, pero también el destino son Canadá y EEUU y por esta razón tenemos que involucrarlos a ellos”, dijo Ramírez.
