La Asamblea Nacional de Panamá puso en marcha el proceso para seleccionar al próximo Defensor o Defensora del Pueblo, una figura clave en la protección de los derechos humanos, cuyo nuevo titular deberá asumir funciones a partir de abril de 2026.
El procedimiento, aprobado mediante resolución legislativa, establece un conjunto de etapas que buscan garantizar la evaluación de los aspirantes antes de la decisión final del pleno legislativo.
La elección corresponde exclusivamente al Órgano Legislativo, tal como lo dispone la Constitución, y se realiza cada cinco años, coincidiendo con la culminación del periodo del actual defensor.
Etapas del proceso
El calendario oficial inició con la convocatoria pública, divulgada los días 12 y 13 de marzo de 2026, seguida de la recepción de postulaciones entre el 18 y el 20 de marzo.
Posteriormente, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se encarga de revisar la documentación presentada por los aspirantes, verificando que cumplan con los requisitos legales establecidos.
Una vez depurada la lista, los nombres de los candidatos son publicados para permitir la participación ciudadana mediante objeciones fundamentadas, en un periodo específico habilitado para tal fin.
Superada esta fase, los aspirantes pasan a entrevistas públicas, donde exponen sus propuestas y visión para la Defensoría del Pueblo.
Requisitos para aspirar
Entre los principales requisitos constitucionales destacan:
Ser panameño por nacimiento
Tener al menos 35 años
Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos
No haber sido condenado por delitos graves
Además, los postulantes deben presentar documentos como hoja de vida, certificados oficiales y una declaración jurada de cumplimiento legal.
Tras completar las entrevistas, la comisión legislativa elabora un informe con los candidatos que cumplen los criterios, el cual es remitido al pleno de la Asamblea Nacional.
Finalmente, los diputados votan para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, quien tendrá la responsabilidad de velar por la protección de los derechos humanos y atender las denuncias ciudadanas frente a posibles abusos.
