La Fiscalía Anticorrupción avanza en la investigación del presunto peculado por la desaparición de 600 vigas H del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Farfán, un caso que ha salpicado a varios exfuncionarios y empresarios. El informe preliminar indica que los implicados habrían recibido al menos $90 mil mediante la compraventa ilegal de las estructuras, cuyo valor total se estima en 3 millones de dólares.
Entre los principales implicados se encuentra Ronald ‘Rony’ González, exrepresentante de Veracruz, quien presuntamente usó parte del dinero obtenido para la compra de un camión volquete. El comerciante Esteban González, quien vendió el vehículo, declaró voluntariamente ante la Fiscalía, entregando documentación bancaria que revela que los pagos fueron realizados desde la empresa Panamá Advance Recycling Company, involucrada en la reventa de las vigas.
Esteban González relató que los pagos fueron realizados entre mayo y junio de 2024 en varias transacciones parciales, sumando un total de $25,100. Según su testimonio, al enterarse del escándalo en septiembre, decidió informar a las autoridades para evitar ser vinculado al caso.
#ÚLTIMAHORA Caso vigas H: la compra que se hizo el exrepresentante de Veracruz luego de vender las vigas https://t.co/9aSUSDUzNJ via @tvnnoticias
— Olmedo Rodríguez (@olmedorod507) October 24, 2024
La Fiscalía ha imputado a seis personas por peculado, incluyendo a González y otros exfuncionarios como Gary Ismare, Roy Ovando y Víctor Moreno, quienes permanecen bajo detención provisional. Víctor Pitti enfrenta arresto domiciliario. Hasta el momento, se han recuperado 91 vigas repartidas entre juntas comunales de Chepigana, Veracruz y el Municipio de La Chorrera.
El Ministerio Público destacó que las vigas desaparecidas estaban destinadas a proyectos comunitarios mediante una adenda del contrato original firmada en 2015. La Fiscalía continúa la investigación para determinar el destino del resto de las vigas y evaluar si hubo complicidad de otras instituciones en el desvío.
El ministro de Obras Públicas y la Fiscalía reiteraron su compromiso de recuperar los bienes públicos y aplicar sanciones ejemplares a los responsables de este caso. Las autoridades señalan que este tipo de delitos afecta no solo los recursos estatales, sino también el desarrollo de comunidades que esperaban beneficiarse de los proyectos financiados con estas estructuras.
