Tres diputados panameños viajaron a Montevideo, Uruguay, con todos los gastos de pasajes pagados por la Asamblea Nacional para participar en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, un evento de orientación evangélica realizado entre el 16 y 21 de junio pasados, reveló una investigación den La Prensa.
El detalle que ha levantado cejas es que la actividad tiene un claro enfoque religioso, y se realizó justo cuando Dana Castañeda aún presidía el Legislativo.
Según documentos disponibles en el portal Panamá Compra, los diputados beneficiados con el viaje fueron Lilia Batista y Yuzaida Marín, ambas del partido oficialista Realizando Metas (RM), y Jairo “Bolota” Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Los boletos aéreos no fueron baratos: el de Batista, diputada de La Chorrera (13-4), costó $2,289; el de Marín, también del mismo circuito, tuvo un valor de $2,789; y el de Salazar, quien representa a Colón (3-1), salió en $2,491. Todo con fondos públicos.
El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia es un foro que promueve una agenda “pro‑vida” desde una óptica cristiana evangélica. En su web oficial, aseguran que buscan “influir en los gobiernos de Iberoamérica a través de políticas públicas y gestión legislativa”, es decir, desde adentro del sistema.
Durante el evento, Jairo Salazar fue homenajeado. Vestido formalmente, subió al podio y expresó que “aspiramos a tener un gobernante cristiano, un creyente en Jesucristo”, en un discurso que fue compartido en sus redes sociales.
Otro asistente fue el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino. Pero, a diferencia de sus colegas, no aparece evidencia de que su pasaje fuera pagado con fondos del Estado.
Lo que no queda claro es si la participación de los diputados fue parte de una misión oficial o si asistieron como creyentes. Hasta el momento, la Asamblea no ha publicado ninguna resolución ni informe que respalde oficialmente el viaje, ni tampoco aparece en la sección de transparencia del Legislativo, cuya última actualización data de abril de 2025.
Cabe destacar que en esas fechas la Asamblea estaba en receso, aunque el Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias para revisar nombramientos importantes. No hay registro de justificación legislativa ni de resultados del viaje, lo cual suele ser requerido en misiones oficiales.
La Constitución panameña es clara: no se puede establecer el carácter oficial de ninguna religión, aunque sí se garantiza la libertad de culto. Pero cuando los fondos públicos entran en juego, el debate se enciende: ¿viaje institucional o paseo espiritual con respaldo del Estado?
Desde el 1 de julio, el control de la Asamblea pasó a manos de una nueva junta directiva encabezada por Jorge Herrera (Panameñista), y aún está por verse si se hará algún tipo de auditoría o aclaración sobre el uso de estos recursos.
