La juez Katherine Navarrete fue separada de su cargo en el Órgano Judicial, institución que confirmó que la funcionaria ocupaba la posición de manera interina y que se decidió poner fin a su relación laboral, informó LA PRENSA.
Hasta el momento, no se han informado las razones que llevaron a adoptar la medida.
Navarrete se desempeñaba como juez de juicio en el Segundo Circuito Judicial de San Miguelito. Ingresó a la planilla del Órgano Judicial el 17 de enero de 2024 y mantenía un estatus de “eventual”.
De acuerdo con la planilla institucional, recibía un salario mensual de $4,118, además de $1,500 en gastos de representación, para un total de $5,618 al mes.
El Órgano Judicial no renovó el contrato a la juez Katherine Navarrete.La salida de la juez ocurre mientras su pareja, el abogado Jercovick Joyner, permanece detenido provisionalmente e imputado dentro de la operación Pandora, investigación que dejó al descubierto una supuesta red criminal que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos.
Según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Joyner habría tenido una participación activa en el esquema a través de su firma Apriori Abogados y Asesores.
La investigación sostiene que la red alteró el sistema e-Tax 2.0 para desviar fondos y otorgar créditos fiscales a personas y sociedades que no tenían derecho a recibirlos.
La fiscalía también alega que Joyner recibió transferencias por $6.9 millones, $4 millones, $120 mil y $240 mil, realizadas entre 2024 y 2025. Ese periodo coincide con el ingreso de Navarrete al Órgano Judicial.
Los fondos eran depositados en cuentas conocidas como “canasta”, abiertas a nombre de Bonay International Holding y Bonay Investments Inc.
Apriori figura como agente residente de ambas sociedades. La presidenta y representante legal de las dos empresas es Cira Elizabeth Marín, quien también fue imputada dentro del caso.
Joyner permanece detenido de manera provisional por solicitud de la fiscalía. Durante la sustentación de las medidas cautelares, el Ministerio Público afirmó que está vinculado a un delito grave, que existe riesgo de fuga y que podría afectar medios de prueba.
La operación Pandora dejó a 16 personas imputadas, entre ellas ocho funcionarios de la DGI que, según la investigación, tenían bajo su responsabilidad el manejo del equipo informático e-Tax utilizado para tramitar los créditos fiscales.
Del total de imputados, 13 permanecen detenidos provisionalmente, mientras que otros tres recibieron la medida cautelar de depósito domiciliario por supuestos motivos de salud.
