El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá encendió las alarmas tras revelar que una auditoría interna detectó presuntas irregularidades en el manejo de partidas presupuestarias durante la administración pasada.
Según informó la institución, el proceso de revisión, realizado al inicio de la actual gestión, identificó posibles traslados de fondos ejecutados entre los años 2020 y 2024. Ante estos hallazgos, se presentó una denuncia penal que ya está en manos del Ministerio Público.
La investigación ha comenzado a tomar forma. La Fiscalía Anticorrupción adelanta diligencias para recabar información clave, en un proceso que, de acuerdo con los bomberos, se desarrolla conforme a la ley y respetando el debido proceso.
Desde la entidad, se reiteró la disposición de colaborar plenamente con las autoridades. La actual administración aseguró que mantiene una política de “puertas abiertas”, facilitando toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.
El tema cobra mayor peso al considerar el contexto institucional. Los bomberos subrayaron que operan con recursos limitados, destinados exclusivamente a fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, la seguridad del personal y la atención a la ciudadanía en todo el país.
Por ello, la institución dejó claro que mantiene una postura firme de cero tolerancia frente a cualquier posible uso indebido de fondos públicos, en defensa de los intereses del Estado.
Mientras avanzan las investigaciones, el Cuerpo de Bomberos enfatizó el respeto al principio de presunción de inocencia, recordando que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades y ofrecer información oficial sobre el desarrollo del caso.
La Fiscalía Anticorrupción realizó este jueves 26 de marzo una inspección en la sede del Cuerpo de Bomberos de Panamá, en la avenida Perú, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El proceso se centra en posibles delitos relacionados con la compra de equipos e insumos entre 2022 y 2024, por un monto cercano a 20 millones de dólares. Durante la diligencia, se revisaron documentos y se entrevistó a funcionarios para esclarecer posibles anomalías en el uso de estos recursos.
