La Universidad de Panamá (UP) ha dicho basta. A través de su Defensoría de los Derechos de los Universitarios, la casa de estudios presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Policía Nacional, acusándola de abuso de autoridad, violación de la autonomía universitaria y restricciones al libre tránsito.
La denuncia surge luego de un confuso enfrentamiento ocurrido el pasado 31 de enero, cuando un grupo de estudiantes, docentes y administrativos realizaban una protesta pacífica fuera de la universidad, repartiendo volantes sin obstruir el tránsito.
Violencia desmedida: Estudiante denuncia brutal agresión
Según Gilberto Marulanda, defensor de los derechos universitarios, unidades policiales se acercaron a los manifestantes, lo que desencadenó un forcejeo violento.
“El jefe de zona empujó de manera intimidante, generando un enfrentamiento. Una estudiante fue brutalmente golpeada por un oficial", denunció Marulanda, asegurando que este no es un caso aislado.
La estudiante afectada, Hilaria Acevedo, de la Facultad de Economía, relató el violento ataque que sufrió:
“Solo estábamos repartiendo volantes pacíficamente. Un oficial comenzó a gritarnos y a agredirnos verbalmente. Cuando intenté protegerme, me golpeó repetidamente en la espalda, la nuca y la cabeza. Hoy, todavía no puedo mover bien el cuello y tengo moretones en todo el cuerpo".
Acevedo lamentó la brutalidad de la agresión: “Al final del día, solo soy una estudiante de 20 años. No tengo un año de entrenamiento en una academia de fuerza pública“.
La UP exige justicia y sanciones
Además del uso desmedido de la fuerza, Marulanda denunció allanamientos a residencias estudiantiles y el bloqueo total de los accesos al campus universitario, afectando a miles de estudiantes.
“El país debe saber que no vamos a permitir más atropellos. Exigimos la renuncia del director de la Policía Nacional y una investigación exhaustiva sobre quién dio la orden de reprimir a los estudiantes", sentenció Marulanda.
La Universidad de Panamá exige justicia y respeto a su autonomía.
“Defenderemos la institucionalidad hasta las últimas consecuencias”, advirtió el defensor universitario.
Ahora la pelota está en la cancha de las autoridades: ¿Habrá sanciones o quedará impune?
