Bajo el lema “Unidos por los derechos de la infancia”, Aldeas Infantiles SOS Panamá lideró por segundo año consecutivo una cadena humana en la capital, en la que participaron diversas organizaciones, instituciones y ciudadanos comprometidos con el bienestar de los niños y adolescentes. El objetivo: visibilizar la necesidad urgente de proteger los derechos de los más jóvenes y exigir al Estado medidas más concretas para garantizar su acceso a educación, salud y un entorno seguro.
Entre los participantes de esta acción simbólica se encontraban PROBISIDA, el SINAPROC, el Órgano Judicial, la Policía de Niñez y Adolescencia, el Municipio de Panamá, estudiantes de la USMA y de UDELAS, el SPI, entre otros. Todos compartían un mismo mensaje: es necesario actuar con más fuerza para que la Ley 285, aprobada en febrero de 2022, se implemente de manera efectiva y beneficie a la niñez panameña.
Aunque la ley promete un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la realidad demuestra que muchos niños siguen desprotegidos. Cifras alarmantes de UNICEF indican que tres de cada diez menores viven en pobreza multidimensional, mientras que uno de cada seis sufre desnutrición crónica, un problema aún más grave en las áreas indígenas del país. Además, la violencia y la falta de acceso a educación preescolar afectan gravemente a los más pequeños.
El reto es grande, y así lo dejó claro Aldeas Infantiles SOS: “Nos falta mucho por hacer, pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos de nuestros niños y adolescentes”, expresó un portavoz de la organización. La cadena humana es solo una de las muchas acciones que se requieren para generar un cambio real en la vida de los menores.
Con más de 3,300 niños migrantes que llegaron a Panamá solos en 2023, las necesidades son evidentes, y el llamado es cada vez más fuerte: “Es hora de que el Estado priorice a la infancia, porque nuestros niños son el futuro de la sociedad”.
A medida que más sectores de la sociedad se suman a esta causa, la esperanza es que las voces de estos niños sean escuchadas y sus derechos, finalmente, sean protegidos.