El agua está revuelta y no precisamente en el Canal. La Cámara Marítima de Panamá (CMP) encendió las alarmas frente al anteproyecto de ley 119, propuesto por los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (Alianza), que busca tumbar el contrato firmado en 1998 entre el Estado y la Panama Canal Railway Company, empresa que opera el ferrocarril interoceánico.
El gremio marítimo-portuario no se mordió la lengua: advierte que meterle mano a contratos legalmente constituidos sin sustento técnico y sin diálogo serio es dinamitar la seguridad jurídica, ese ancla que mantiene a Panamá como destino atractivo para inversiones millonarias.
La CMP fue clara a través de su comunicado: si la seguridad jurídica se debilita, las consecuencias no se hacen esperar. Con cifras en mano, recordaron que el sector marítimo-portuario y logístico genera 109,406 empleos directos y más de 320 mil puestos de trabajo sumando los indirectos. “Proteger la seguridad jurídica es proteger estas fuentes de ingreso para miles de panameños”, recalcaron.
Comunicado de la Cámara Marítima.Y es que la experiencia internacional lo confirma: cuando se quiebra la confianza en los contratos, las inversiones se frenan, el crecimiento económico se congela y los empleos quedan en el aire. “Panamá no puede darse el lujo de enviar mensajes equivocados al mundo”, subrayó el gremio.
El contrato de la Panama Canal Railway Company, que administra la vía férrea entre las costas del Atlántico y el Pacífico, fue prorrogado en 2023 por 25 años más, extendiendo la concesión hasta 2049. Pero esa decisión fue duramente cuestionada, al punto de que el Ministerio Público abrió una investigación en diciembre de 2024 para determinar si hubo irregularidades o posibles delitos en la extensión del acuerdo.
Para los proponentes de la ley 119, la prórroga no cumplió con las formalidades constitucionales y legales. Por eso plantean derogar el contrato y abrir una nueva licitación internacional, con la promesa de conseguir mejores beneficios para el Estado panameño.
El temor del sector logístico
La CMP, sin embargo, teme que medidas como esta, de repetirse, se conviertan en una tendencia peligrosa que haga ver a Panamá como un país que no respeta compromisos adquiridos, lo que afectaría directamente la atracción de capital extranjero y el posicionamiento como hub logístico mundial.
“Cualquier revisión o ajuste debe hacerse con respaldo técnico, con visión de Estado y bajo análisis riguroso, no por presiones políticas coyunturales”, reiteró el gremio en su comunicado.
El llamado al diálogo
En medio de la marejada, la Cámara Marítima hizo un llamado a las autoridades para abrir un diálogo abierto y transparente que involucre a todos los sectores. La apuesta, dicen, debe ser por consensos que fortalezcan la institucionalidad, la estabilidad y la imagen de Panamá como país confiable y competitivo a nivel global.
La tormenta política y económica está servida: mientras en la Asamblea los diputados buscan renegociar la concesión ferroviaria, el sector marítimo advierte que el país podría pagarse un tiro en el pie y perder una de sus cartas más valiosas: la confianza de los inversionistas.
