El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha emitido una enérgica protesta dirigida a la Cancillería de Nicaragua, denunciando lo que considera una “actitud permisiva” por parte del gobierno nicaragüense en relación con el expresidente panameño Ricardo Martinelli. La polémica surge a raíz del asilo político otorgado por Nicaragua a Martinelli, quien enfrenta una condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.
En una nota oficial enviada el pasado 14 de marzo y dada a conocer este lunes 18 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresa su rechazo al hecho de que Martinelli continúe utilizando la sede diplomática nicaragüense en Panamá con fines político-partidistas, mientras las autoridades nicaragüenses permanecen en silencio. Para Panamá, esto constituye una clara intromisión en los asuntos internos del país por parte del gobierno de Nicaragua.
La Cancillería panameña, bajo la dirección de Janaina Tewaney, exige a Nicaragua que cumpla con sus obligaciones internacionales y asegure que su sede diplomática en Panamá respete las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En este sentido, Panamá no reconoce el traslado del consulado de Nicaragua a una casa contigua a su sede diplomática en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá enfatiza que en el inmueble 61B, donde supuestamente se ha trasladado el consulado nicaragüense, no se reconocen privilegios ni inmunidades diplomáticas, y por tanto, no se permitirá ninguna actividad en nombre del gobierno de Nicaragua en ese lugar.
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha emitido ninguna declaración oficial en respuesta a la protesta de Panamá, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de esta disputa diplomática y sus posibles implicaciones para la estabilidad regional en América Central.
