La reciente aprobación de la Ley 433, el 3 de mayo de 2024, que establece la obligación para las promotoras urbanísticas de construir aulas escolares como parte de su responsabilidad social empresarial, ha generado discordia dentro de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). La entidad ha presentado cinco puntos de desacuerdo con esta legislación.
Responsabilidad del Estado: La Capac argumenta que según la Constitución Nacional, el Estado es responsable de organizar y dirigir el servicio público de educación. Consideran que este deber recae principalmente en el gobierno y que el sector empresarial ya contribuye significativamente a través de la construcción y operación de centros educativos en todos los niveles.
Falta de alineación con los planes del Meduca: La ley no parece estar en sintonía con los planes de desarrollo del Ministerio de Educación (Meduca), según lo expresado en su exposición de motivos y en su texto normativo. La Capac sostiene que es fundamental que cualquier iniciativa en el ámbito educativo esté en consonancia con las estrategias y necesidades identificadas por el Meduca.
Recursos y logística: La Capac plantea preocupaciones sobre cómo se abastecerán las nuevas instalaciones con personal docente, administrativo, mobiliario y otros recursos necesarios. Consideran que la ley no aborda adecuadamente estos aspectos logísticos y financieros, lo que podría afectar la calidad de la educación proporcionada en estas nuevas aulas.
Niveles educativos y necesidades locales: Se argumenta que la ley no considera adecuadamente los niveles educativos requeridos por la población estudiantil en las áreas donde se construirán las nuevas infraestructuras. Es importante adaptar las inversiones en educación a las necesidades específicas de cada comunidad y región.
Impacto en los costos de la vivienda: La Capac señala que el costo de los programas de vivienda se ha visto afectado por el aumento en el costo de los bienes e insumos, así como por el incremento en las tasas y contribuciones aplicables a esta actividad. La obligación de construir aulas escolares podría aumentar aún más estos costos y afectar la viabilidad económica de los proyectos inmobiliarios.
La Capac cuestiona la pertinencia y viabilidad de la ley debido a preocupaciones sobre la responsabilidad del Estado en la educación, la alineación con los planes del Meduca, la logística y recursos necesarios, la adecuación a las necesidades locales y el impacto en los costos de la vivienda.
Información publicada en prensa.com por Aleida Samaniego C.
