Una red de estafas que operaba desde adentro de los centros penitenciarios quedó al descubierto, luego de confirmarse que familiares de privados de libertad eran presionados para pagar sumas de dinero a cambio de supuestos traslados o beneficios que nunca llegaban.
La denuncia fue presentada en una conferencia de prensa por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien fue tajante al advertir que no existen atajos en el sistema: “No existe forma humana en este momento de que se dé un traslado de un centro penitenciario como La Joya hacia otro porque se esté pagando dinero. Eso es estafa. Los traslados solo se dan cuando los privados de libertad cumplen con programas como la observación, el probatorio o el prelibertad. Sin ese avance, no podemos cambiar el sistema judicial”.
En conferencia, la ministra de Gobierno habló de traslados irregulares y cobros ilegales en los penales.Montalvo también denunció que se ha intentado usar su nombre y el del director del Sistema Penitenciario para engañar a las familias. “Están utilizando mi nombre y el del director para este tipo de acciones… no se va a hacer, y esa es la realidad. Nosotros vamos a ser implacables con los funcionarios que se estén prestando para estas actividades dentro del sistema”.
La ministra fue más allá y habló de la necesidad de que los privados de libertad se integren en programas productivos: “No puede ser que yo tenga una población privada de libertad de miles de personas y apenas 15 estén en un programa de trabajo o de estudio. Eso no es verdad. Y los directores van a ser evaluados en función de la mayor cantidad de privados que participen en actividades productivas o educativas”.
Añadió que en la propuesta de nueva ley penitenciaria se busca garantizar el derecho al trabajo y al estudio como ejes fundamentales para la reinserción social: “El trabajo y el estudio forman parte de los derechos de los privados de libertad y son la clave para rescatar vidas”.
Más investigaciones y cero tolerancia
En entrevista exclusiva con Mi Diario, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, confirmó que las investigaciones ya están en marcha: “En la actualidad hay catorce funcionarios bajo investigación del Ministerio Público y de esos, ocho ya recibieron condenas. Hoy forman parte de la población privada de libertad por haber caído en corrupción”.
Mi Diario/ El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, confirmó que 14 funcionarios están bajo investigación.Torregroza aseguró que se trata de un trabajo permanente: “Esto es un trabajo continuo. Estamos entrando al sistema para ir quebrando mafias institucionales que existieron durante mucho tiempo, donde custodios, juntas técnicas y hasta abogados se prestaban para actividades ilícitas dentro de las cárceles”.
Recalcó que no hay justificación para los pagos: “No es necesario que los familiares paguen a nadie. Los privados de libertad tienen derecho a ser atendidos y el Estado invierte millones en ese sistema. Nuestro deber es garantizar que esos derechos se cumplan sin corrupción”.
El funcionario también dejó claro que se seguirán aplicando operativos internos y externos para detectar irregularidades: “Tenemos entes internos que investigan permanentemente y cada vez que detectamos anomalías, aplicamos cero tolerancia. Inmediatamente se remite a las autoridades competentes”.
El mensaje a las familias
El cierre de la ministra Montalvo fue directo y sin rodeos: “Si a algún familiar le están pidiendo plata para meter a su detenido en un programa o para un traslado, denuncie. Que lo haga. Es la única forma de cortar de raíz esta cadena de corrupción que por años ha existido en el sistema judicial”.
Con este golpe, el Gobierno busca marcar distancia de viejas prácticas y enviar un mensaje claro: la corrupción dentro de las cárceles no será tolerada.
