El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, presentó una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución emitida por la Contraloría General de la República, mediante la cual se ordenó la cautelación de varios de sus bienes en medio de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La acción legal fue interpuesta por el abogado Roberto Moreno, quien forma parte del equipo de defensa de Carrizo. En el recurso se solicita dejar sin efecto la resolución No. 3757-2025-LEG/PJ, firmada el 22 de octubre de 2025 por el contralor Anel Flores, que ordena la retención de ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles vinculados al exfuncionario.
Como parte del proceso, la magistrada ponente María Cristina Chen Stanziola requirió a la Contraloría copias autenticadas de las resoluciones relacionadas con el caso, junto con las constancias de notificación correspondientes, con el fin de evaluar la legalidad de las medidas adoptadas.
El caso se desarrolla en paralelo a un proceso penal. El pasado 28 de enero, la jueza de garantías Oris Medina imputó cargos a Carrizo por el delito de enriquecimiento injustificado y ordenó su arresto domiciliario, además de la prohibición de salida del país. Estas medidas fueron confirmadas el 12 de febrero por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Durante la audiencia, la defensa también planteó una advertencia de inconstitucionalidad, argumentando que el caso debería ser conocido por la Corte Suprema y no por un juzgado de garantías, en virtud de la condición de Carrizo como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque no se haya juramentado en el cargo.
Según la fiscalía, Carrizo habría recibido ingresos por 7.1 millones de dólares durante su gestión, pero al finalizar su mandato declaró bienes que superan los 9 millones, lo que genera una diferencia de 1.9 millones bajo investigación.
Entre los bienes cautelados figuran cuentas en entidades bancarias como el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Prival, así como al menos tres fincas ubicadas en Penonomé, provincia de Coclé, con distintos tamaños, aunque registradas con un valor similar en documentos oficiales.
