El ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén presentó esta tarde ante el pleno de la Asamblea Nacional, la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República, tal como fue aprobada, de forma íntegra, en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
El vicepresidente Carrizo Jaén hizo entrega del proyecto de reformas constitucionales al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero. En el acto estuvieron presentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral (TE), así como los ministros de Estado y directores de entidades autónomas y el procurador de la Administración. También, asistieron miembros del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
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Carrizo Jaén destacó que con la presentación de la propuesta, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen cumple una vez más con su promesa de entregar a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas constitucionales, tal y como fue aprobado y consensuado por la Concertación Nacional para el Desarrollo.
“Apenas iniciando nuestra tercera semana de gestión, nos presentamos ante ustedes para hacerle entrega de este documento que será sometido a debate, enriquecido democráticamente por los aportes ciudadanos, y posteriormente sometido a un referéndum nacional”, destacó el vicepresidente.
Indicó que el texto que llega a la Asamblea Nacional emana de la reflexión e inclusión de las perspectivas de la sociedad organizada y solicitó que en el texto final se logre un documento donde se vean representados todos los panameños, y “que corrija los vacíos y brechas por donde se han escapado algunos para aprovecharse y abusar del poder”.
Carrizo Jaén convocó a todos los ciudadanos a participar, aportar, enriquecer y adueñarse de las reformas constitucionales, y también solicitó al Órgano Legislativo a atender la propuesta de reformas constitucionales con la misma prioridad que requieren los problemas nacionales.
Aseguró que el país entero está a la espera de decidir el próximo año a través del referéndum el futuro de estas reformas. “Nuestro país salió el pasado 1 de julio de la parálisis ejecutiva y estamos seguros que está Asamblea actuará con la celeridad que el proceso requiere”, agregó.
“Damos inicio a un proceso de revitalización de nuestra democracia que terminará con la participación democrática de nuestro pueblo; dijo Carrizo Jaén, quien también exhortó a los diputados a que presenten a los ciudadanos una propuesta virtuosa para que sea considerada en la urnas a través de una consulta popular.
La propuesta de reformas constitucionales, de 40 artículos, se presenta ante la Asamblea Nacional luego de que fue acogida, sin incluirle modificaciones, en la sesión del Consejo de Gabinete.
El proyecto, consensuado por 22 sectores de la Concertación Nacional, deja claramente establecida la separación de los tres poderes del Estado: reconocen que el Ministerio Público como el ente competente para realizar investigaciones judiciales y crea el Tribunal Constitucional como máximo organismo para interpretar la Constitución Política de la República.
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Además, la propuesta robustecerá económicamente los presupuestos asignados al Órgano Judicial y al Ministerio Público, ya que obligaría a que se destine un 2% del Presupuesto General del Estado para la administración de justicia.
También, la propuesta incluye temas relacionados con los derechos humanos, la división política del país, derechos y deberes individuales y sociales, cultura régimen agrario y ambiental, derechos políticos.
Además, incluye cambios en la composición de la Asamblea Nacional, los derechos y deberes de los diputados, la formación de las leyes; así como los requisitos para ser Presidente y Vicepresidente de la República, y las funciones de los miembros del Consejo de Gabinete.
El documento incluye el tema de la administración de justicia, los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cambia el sistema para el nombramiento de los magistrados de esa corporación de justicia.
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Las modificaciones abordan los regímenes municipales, provinciales y comarcales, la hacienda pública, el presupuesto general del Estado, los servidores públicos y los principios básicos de la administración de personal.
