El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, volvió a estar en el ojo del huracán tras ser abordado por la prensa este martes. Entre cámaras, micrófonos y cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión que compartió con Laurentino Cortizo, Carrizo respondió con frases cortas y un gesto que lo dijo todo: “Gracias” y “no tengo comentarios”.
El exfuncionario, visiblemente incómodo, prefirió guardar silencio ante la insistencia de los periodistas, quienes le preguntaban sobre los señalamientos de supuesta corrupción que siguen salpicando al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sobre su llegada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), interpretada por muchos como una movida para blindarse de posibles procesos judiciales.
Gaby Carrizo/ Imágenes de TelemetroCarrizo esquivó las preguntas acelerando el paso y moviendo la cabeza, sin ofrecer explicación alguna. Sin embargo, el contexto lo persigue: en las últimas semanas varios exfuncionarios del gobierno Cortizo-Carrizo han tenido que desfilar por el Ministerio Público a rendir cuentas.
Entre los casos más sonados está el de Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), investigado por presuntas irregularidades. También figura el del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, señalado por supuestos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias.
Otros expedientes que han generado ruido público son el robo de las vigas H del depósito estatal, los polémicos auxilios económicos repartidos por el Ifarhu, y diferentes contratos que hoy están bajo la lupa de las autoridades judiciales.
Aunque Carrizo no figura formalmente en ninguno de estos casos, la presión política y social aumenta, sobre todo por el intento de confirmar su curul en el Parlacen, lo que le otorgaría inmunidad regional en caso de que se abran investigaciones en su contra.
Por ahora, las únicas palabras de Carrizo siguen siendo las mismas: “no tengo comentarios”. Una frase corta que, lejos de apagar el debate, deja más preguntas que respuestas y mantiene la tensión en torno a su futuro político y legal.
