La Defensoría del Pueblo activó sus mecanismos internos luego de que salieran a la luz publicaciones relacionadas con la atención brindada a una madre en su sede regional de La Chorrera, en un caso que involucra a una persona menor de edad.
La entidad informó que, conforme a los protocolos legales vigentes, inició un proceso de investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. De manera paralela, el pasado 19 de febrero se formalizó la queja No. 250-2026 contra el Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).
Según el pronunciamiento oficial, la actuación busca examinar lo expuesto por la usuaria y garantizar que se respete el interés superior de la persona menor de edad, tal como lo establece la Ley 285 de 2022.
La institución también señaló que la apertura de la queja se dio tras la información compartida por una comunicadora, cuyo aporte —indicaron— fue clave para impulsar la revisión del caso y el inicio del proceso administrativo correspondiente.
La Defensoría reiteró que el objetivo de estas acciones es deslindar responsabilidades y asegurar que se cumplan los estándares de protección de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, considerados grupos en condición de vulnerabilidad.
Mientras avanza la investigación, la entidad aseguró que mantendrá su compromiso de velar por la defensa y protección de los derechos fundamentales de la población.
