Ante la presión que ejerce la sociedad civil de llegar hasta las últimas consecuencias por los abusos contra los menores de edad en los albergues, siguen realizándose las diligencias. Ayer también se informó de la reprogramación para el próximo mes de julio de una audiencia que estaba fechada para el 2023.
Aurelio Vásquez, fiscal Superior de Familia, acudió junto a fiscales anticorrupción a las instalaciones de la Senniaf para una inspección dentro de las investigaciones por la presunta comisión de delitos de maltrato y abuso sexual al menor, así como peculado.
El Ministerio Público abrió 18 investigaciones relacionadas a denuncias hechas por situaciones irregulares cometidas en los albergues del país.
A la fecha han detectado 20 víctimas, hay cinco personas imputadas y cuatro de ellas enfrentan detención provisional.
Ayer representantes de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional se reunieron con el procurador encargado Javier Caraballo para presentarle tres nuevas denuncias.
Caraballo les comunicó que solicitó al Órgano Judicial cambiar la fecha de audiencia de un caso de abuso ocurrido en el interior del país en julio de este año.
Caraballo se comprometió a asignar a dos fiscales de Familia para que colaboren en la presentación de un proyecto de ley integral de protección para los niños y adolescentes.
Un informe de la Defensoría del Pueblo detalló que los albergues no tienen buenas infraestructuras y que la educación que reciben los menores no es la indicada.
