El fortalecimiento de las instituciones y la gestión transparente y responsable de los recursos públicos debe ocupar el “más alto escalón” de la agenda de políticas en el país, consideró este domingo la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap).
“Lamentablemente, nuevamente estamos siendo testigos de decisiones tomadas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que generan serias dudas sobre la dirección en la que se están llevando asuntos de primera importancia nacional”, destacó el gremio en su comunicado semanal.
De acuerdo al grupo empresarial, la descentralización de los recursos debe ser una herramienta estratégica que fomente un desarrollo equitativo en todos los municipios del país.
Sin embargo, su efectividad está intrínsecamente vinculada a la capacidad de las instituciones panameñas para administrar estos recursos de manera efectiva, garantizando una gestión eficiente y transparente.
“Lamentablemente, en lugar de avanzar hacia una descentralización efectiva, nos encontramos en una encrucijada caracterizada por la debilidad institucional y por decisiones políticas discutibles que afectan la correcta utilización de los fondos públicos”, señaló.
#CámaraOpina “La debilidad institucional es un problema que no podemos permitirnos ignorar. Las instituciones fuertes son fundamentales para garantizar un gobierno eficiente y el cumplimiento de la ley. ” @fitofabrega https://t.co/GSg50PUbI3
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) September 24, 2023
La Cciap está clara que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional desempeña un papel crucial en este proceso. “Sin embargo, en lugar de basar sus decisiones en criterios técnicos y objetivos, parece que prevalecen consideraciones políticas en su agenda. Esta situación suscita interrogantes sobre si estas decisiones se toman en beneficio de la ciudadanía o, en cambio, si los recursos públicos se están utilizando con fines partidistas”, añadió.
“La falta de transparencia en el proceso de asignación de fondos para la descentralización también es motivo de seria preocupación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se toman estas decisiones y en qué se emplean sus impuestos. La falta de claridad solo socava la confianza en nuestras instituciones y perpetúa la percepción de que los recursos públicos se gestionan de manera discrecional”, indicó.
La sema pasada, Edward Mosley Ibarra, director de la la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), sustentó el presupuesto de la entidad para 2023 ante Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el cual asciende a de $232.7 millones.
En ese momento se conoció que unos $223 millones 56 mil 645 recibirán las 701 juntas comunales y 81 alcaldías que existirán en el país a partir del 1 de enero de 2024.
En 2023, la AND recibió un presupuesto de $353 millones.
La AND es una de las instituciones más cuestionadas por repartir fondos al margen de la Ley 37 de 2009 sobre la descentralización de la administración pública, para beneficiar a juntas y alcaldías afines al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Una investigación publicada por La Prensa reveló que 475 de las 679 juntas comunales del país habían recibido $202.4 millones fuera del esquema establecido por la Ley 37 de 2009, siendo los corregimientos con representantes del gobernante PRD los que se llevan la mayor parte del dinero.
Esta práctica aumentó los fondos de las juntas comunales en 2022 y 2023, en tiempos de campaña electoral.
