En Panamá, la crisis financiera y el centralismo afectan seriamente a los municipios, que ven cómo la retención de fondos limita su capacidad para atender a sus comunidades. En el programa “Radar” se denunció que, pese a que el Impuesto de Bien Inmueble (IBI) recaudado ha aumentado, la entrega de estos recursos a los municipios cayó del 93% en 2021 al 39% en 2025, según reveló la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Esto impacta directamente en servicios básicos como la recolección de basura y el mantenimiento de calles y escuelas.
Jorge Ricardo Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá, calificó el sistema nacional como uno de los más centralizados del mundo, con una estructura institucional creada en 1903 que se mantiene intacta y no permite transferir competencias ni recursos a las alcaldías. La descentralización debía fomentar el desarrollo territorial, pero su estancamiento pone en riesgo la gobernanza y provoca migración hacia la saturada Ciudad de Panamá.
Miguel Batista, alcalde de Pedasí. Tomada de Redes Sociales.El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, señaló que los gobiernos locales son quienes más conocen a sus comunidades y criticó que el Ejecutivo central ejecuta proyectos sin consultar, lo que puede generar obras inadecuadas, como una carretera en Mariabé que causó inundaciones. Destacó que el sistema obliga a los municipios que más recaudan a compartir con los más pequeños, pero el verdadero apoyo debería venir del Gobierno Central con aportes fijos del presupuesto estatal.
Además, se denunció que grandes contribuyentes, como puertos y bancos, no pagan impuestos municipales, mientras que la carga tributaria recae principalmente sobre pequeños contribuyentes. También se criticó que el impuesto al turismo fue retirado de los municipios y asignado al Gobierno Central, afectando a localidades con potencial turístico.
Los participantes del debate coincidieron en la necesidad urgente de reestructurar el sistema, incluyendo la transferencia completa del IBI a los municipios, la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto general y el traslado de competencias para que los gobiernos locales puedan desarrollarse y atender mejor a sus comunidades.
Por último, el presidente José Raúl Mulino descartó revisar la política tributaria en la provincia de Colón, a pesar de los reclamos de alcaldes por la distribución injusta del IBI.
