Más de 50 años después de la desaparición del sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera, la presión internacional vuelve a caer sobre Panamá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó el caso a la Corte Interamericana, señalando que el Estado no investigó ni sancionó como debía a los responsables del crimen ocurrido el 9 de junio de 1971, durante la dictadura militar.
Héctor Gallego.
Según la CIDH, las primeras pesquisas estuvieron marcadas por irregularidades que llevaron al archivo del expediente en 1973.
Décadas después, tras el retorno a la vida democrática, la Iglesia logró reabrir la causa, y en 1994 tres ex-miembros de la Guardia Nacional fueron condenados como cómplices.
Uno de ellos, Eugenio Magañón, permaneció prófugo por más de 30 años hasta su captura el 4 de mayo; hoy está bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad, 94 años.
La Comisión concluyó que Gallego fue detenido y desaparecido por agentes estatales con el fin de frenar su labor pastoral y su trabajo comunitario en Santa Fe, Veraguas.
También determinó que el Estado violó derechos fundamentales, favoreció la impunidad y no ha cumplido con medidas acordadas con familiares y organizaciones.
