En respuesta a la crítica situación ambiental que afecta a miles de familias en la región de Azuero, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició una serie de cierres temporales en fincas porcinas por su vinculación directa con la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de agua potable en la península.
Hasta la fecha, se ha ordenado la suspensión de operaciones de tres fincas que funcionaban sin permisos sanitarios ni controles ambientales, lo que representa una violación grave a la normativa ambiental y de salud pública. Estas fincas fueron identificadas como focos críticos de contaminación, tras inspecciones lideradas por MiAmbiente con apoyo del MINSA, MIDA, Policía Nacional y Policía Ambiental Rural y Turística.
En paralelo, se notificó a la Alcaldía del distrito de Macaracas sobre el inicio de un proceso administrativo por el manejo inadecuado del vertedero municipal, considerado también una fuente significativa de contaminación. Se prevé que el lunes se notifique a tres fincas adicionales que no pudieron ser inspeccionadas inicialmente por estar cerradas.
El impacto ambiental ya afecta directamente a la población. Según el Gobierno, más de 22,500 personas —incluyendo unos 17,500 residentes en Chitré y 5,000 en Macaracas y Llano de Piedra— se encuentran sin agua potable, debido a la suspensión de operaciones en plantas potabilizadoras por la presencia de altos niveles de microorganismos, incluyendo gusanos, en el río Estibaná.
El IDAAN ha activado operativos de distribución mediante carros cisterna, priorizando centros médicos, y habilitó un punto de distribución en Plaza Praga, en Las Tablas, para que la población acuda con sus propios recipientes.
Ante la gravedad de la situación, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) exigió una investigación urgente sobre el daño ambiental en el río Estibaná, calificándolo como una amenaza directa a la biodiversidad, la salud pública y la calidad de vida.
Este operativo marca el inicio de un plan de contención ambiental impulsado por el Gobierno Nacional para detener el deterioro de los cuerpos de agua en Azuero. Sin embargo, organizaciones ciudadanas insisten en que estos problemas han sido denunciados desde hace más de una década, y que la eficacia de las acciones dependerá del seguimiento y la sanción real a los responsables.
