La historia que parecía una oportunidad para jóvenes se convirtió en una investigación penal que sacude los pasillos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
El Ministerio Público confirmó que 28 estudiantes beneficiados con los llamados “auxilios económicos” están siendo investigados por supuestos delitos de peculado y corrupción de funcionarios, luego de detectarse irregularidades en los desembolsos de estos apoyos.
Audiencias y primeras imputaciones
De ese grupo, cinco ya fueron imputados formalmente, según detallaron fiscales Anticorrupción durante una conferencia reciente.
El resto deberá presentarse ante el Sistema Penal Acusatorio en audiencias programadas para este jueves y viernes, donde el Ministerio Público espera comunicar nuevas imputaciones por delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios, específicamente en la modalidad de cohecho.
Las autoridades confirmaron que algunos de los señalados no atendieron las citaciones judiciales, por lo que sus audiencias fueron reprogramadas para diciembre.
La Fiscalía aseguró que los estudiantes que comparecieron enfrentan medidas cautelares distintas a la detención preventiva, como reportes periódicos y restricción de salida del país.
Otros casos bajo la lupa
El caso del IFARHU forma parte de un bloque más amplio de investigaciones anticorrupción que también incluye irregularidades detectadas en entidades como la Caja de Seguro Social (CSS), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
Precisamente, en el llamado “caso AIG” —relacionado con el uso de la plataforma digital Listo Wallet— cuatro personas fueron aprehendidas por presunto peculado y corrupción.
Entre los investigados figuran un exdirector de entidad estatal, una abogada y dos empresarios, señalados por supuestas anomalías en la contratación y manejo de fondos durante la pandemia.
La fiscal superior Digna Castillo explicó que estas investigaciones se iniciaron en 2023, cuando se detectaron pagos y beneficios fuera del marco legal.
En el caso de la DGI, incluso se identificaron funcionarios que accedieron sin permiso al sistema e-Tax 2.0 para tramitar cesiones de créditos millonarios a empresas sin derecho a tales beneficios.
IFARHU se constituye en querellante
El IFARHU, por su parte, se ha constituido como querellante en el proceso y asegura que coopera con el Ministerio Público.
La entidad, además, reformó su reglamento para reemplazar los “auxilios económicos” por un nuevo sistema de becas socioeconómicas, con el fin de eliminar la discrecionalidad en la asignación de fondos.
Mientras tanto, los ojos del país estarán puestos esta semana en las audiencias que definirán el futuro de varios beneficiarios y en si se amplía el listado de imputados dentro de este escándalo educativo que hoy se sienta en el banquillo judicial.
