Indicios vinculan a cinco ministros de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) al caso de peculado conocido como PAN-Granos, relacionado a la compra de arroz a través del extinto Programa de Ayuda Nacional.
Así lo consideró la jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial, Águeda Rentería al llamar a juicio a cinco exministros, entre ellos Lucy Molinar, de Educación; Roberto Henríquez, Presidencia; Frank De Lima, Economía y Finanzas; Jaime Ford, Obras Públicas; y Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social.
Los ministros son relacionados por su condición de miembros de la Junta Directiva del PAN.
Junto con ellos, la jueza Rentería pidió que se llamara a juicio a otras 44 personas. La audiencia de fondo está prevista para realizarse del 13 al 24 de noviembre del 2023, sí, en más de un año.
La exministra Molinar es uno de los altos exfuncionarios llamados a juicio.Al examinar las pruebas en el expediente, incluyendo testimonios y colaboraciones de personas ya procesadas en esta causa, la funcionaria judicial hizo la solicitud por la posible comisión de peculado, en diferentes formas.
El Auto Mixto N° 3, de fecha 2 de septiembre de 2022, donde hace sus consideraciones, dispone llamar a juicio a nueve ciudadanos como presuntos autores del delito de corrupción de servidores públicos, además se sobreseyó provisionalmente a uno de los investigados en esta causa penal, y mantuvo la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal mientras dure el trámite de extradición de un ciudadano de nacionalidad cubana.
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En este proceso judicial también es investigado Adolfo “Chichi” De Obarrio, secretario ejecutivo de Martinelli durante su mandato y quien se mantiene prófugo desde el año 2015. Actualmente vive en Italia desde donde no ha podido ser extraditado por falta acuerdos de este tipo entre Panamá y la nación europea.
Rafael Guardia, exdirector del PAN, brindó colaboración al Ministerio Público en este caso.El caso PAN-Granos se inició en 2014 por irregularidades en la compra y distribución de granos que serían entregados en escuelas de difícil acceso y vulnerabilidad por pobreza y pobreza extrema. La Contraloría General de la República detectó un elevado sobreprecio en los costo de los quintales de arroz adquiridos para luego ser distribuidos en los planteles escolares.
