Los días del magistrado del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz están contados y lo que piden para su reemplazo es “probidad” y que el nuevo funcionario esté alejado de la política partidista.
Ayer, miembros del movimiento Unidos por la Democracia, le entregaron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, una carta en la que exponen su inquietud sobre el nuevo nombramiento que hará el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Hace unos días, el Pleno de la Corte, hizo la convocatoria para los que aspiren a ocupar el cargo de magistrado del TE en medio de un proceso electoral que se avecina.
Por mandato constitucional, le corresponde a los magistrados de la Corte nombrar al reemplazo de Araúz, toda vez que el Ejecutivo en la administración de Juan Carlos Varela ratificó en el cargo a Eduardo Valdés Escoffery y la Asamblea Nacional, hizo lo propio y nombró a su asesor Alfredo Juncá, quien estuvo ligado al panameñismo.
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Para el movimiento Unidos por la Democracia esperan que: “Que la persona abogada o abogado no solo cumpla con los requisitos básicos que establece la Carta Magna, sino que que especialmente se trate de una persona de reconocida probidad y capacidad, que no haya ocupado cargo alguno de mando y jurisdicción en la actual administración, y que haya estado alejada de la política partidista por un plazo no menor de diez años”.
Entre los miembros del movimiento que acudieron a la reunión con la presidenta de la Corte estuvieron: Gabriel Tribaldos, Carlos Abadía, Aurelio Barria, Enrique De Obarrio y Ricardo Tribaldos.
La nota entregada a la magistrada López Arias lleva la firma de un grupo plural de ciudadanos interesados y preocupados porque el TE no pierda su credibilidad a menos de dos años de las elecciones generales para la escogencia de las nuevas autoridades políticas del país.
Los magistrados Araúz junto a Juncá fueron denunciados ante la Corte por extralimitación de funciones por reconocer el principio de especialidad del expresidente Ricardo Martinelli en un fallo que le mantenía el fuero penal electoral. Luego cambiaron de criterio porque aseguraron que les habían aportado otros documentos.
