La Comisión de Alto Nivel encargada de evaluar los resultados de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá informó este lunes 13 de julio que todavía no existe una recomendación definitiva sobre el futuro del proyecto minero.
Durante la actualización participaron los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes aseguraron que el análisis se mantiene en una etapa técnica y que una vez se tengan las conclusiones se hará la recomendación al presidente de la República, dentro del marco de la ley y la Constitución.
Chapman afirmó que el cierre de la mina, ocurrido el 28 de noviembre de 2024, ha generado pérdidas estimadas en 6 mil 500 millones de dólares, cifra equivalente a más del 5% del producto interno bruto del país.
Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, también se redujeron los aportes a la Caja de Seguro Social, las exportaciones de bienes cayeron un 75% y se limitaron los recursos disponibles para ampliar las ayudas dirigidas a las poblaciones más vulnerables.
Pese a este escenario, Chapman sostuvo que el Gobierno ha trabajado en la diversificación de la economía, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y la reducción del gasto público. Agregó que la economía panameña creció más de un 4% durante 2025.
“Este país no está ni remotamente quebrado”, manifestó el ministro, aunque reconoció que Panamá perdió una parte importante de su potencial económico.
Por su parte, Moltó señaló que el cierre dejó más de 40 mil desempleados y afectó aproximadamente 115 mil puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con la actividad minera.
El ministro aclaró que el Gobierno no desconoce las protestas sociales ni la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Cobre Panamá. “La concesión es inconstitucional”, reiteró Moltó.
También indicó que cualquier alternativa sobre el futuro del proyecto deberá respetar tres principios: la soberanía absoluta del Estado panameño sobre las decisiones, la ausencia de costos para la población y la protección de la economía mediante seguridad jurídica y confianza para la inversión.
En materia ambiental, el ministro Juan Carlos Navarro advirtió que el cierre abrupto de la mina no solucionó los problemas asociados al proyecto.
La auditoría realizada por la empresa SGS determinó que la operación cumplía con el 87% de los compromisos ambientales evaluados, pero identificó nueve incumplimientos. Entre ellos figuran retrasos en los procesos de reforestación y la intervención de un área adicional que no estaba contemplada inicialmente.
Navarro aseguró que el Ejecutivo no actuará de manera improvisada y que los técnicos continúan revisando las conclusiones del informe.
Los ministros explicaron que todavía no se ha definido si se recomendará una eventual reapertura ni el tipo de contrato o esquema bajo el cual podría operar la mina.
También advirtieron que aunque la comisión no tiene una fecha límite formal para entregar sus conclusiones, se ha planteado la necesidad de presentar una recomendación antes de que finalice el 2026.
“No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca”, afirmó.
