Durante la última semana, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional analizó a fondo varias áreas clave del país, entre ellas el sector agrícola y el educativo, destacando importantes problemas que afectan a ambos.
En el sector agrícola, los diputados evidenciaron graves ineficiencias, muchas vinculadas a la desorganización del Estado. Un ejemplo claro es el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que importa arroz con cáscara a unos 400 dólares por tonelada, pero algunos molinos lo pelan y venden al IMA a casi 1,000 dólares. En comparación, el arroz limpio se vende en el mercado internacional entre 350 y 600 dólares la tonelada. Esto indica que el IMA no está cumpliendo eficientemente su objetivo de beneficiar a los consumidores y ahorrar dinero a las arcas públicas. Otras entidades como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Banco de Desarrollo Agropecuario también presentan problemas, como altos niveles de morosidad en préstamos otorgados al campo. La conclusión es clara: el sistema agropecuario necesita una reforma profunda.
En educación, se aclaró la confusión sobre la obligación legal de destinar el 7% del PIB al sector educativo, que no corresponde solo al Ministerio de Educación (Meduca), sino a todo el sistema. La ministra Lucy Molinar reconoció que ese nivel de gasto no es realista actualmente y que trabajan en una propuesta para modificar la ley, aunque el proceso se ha retrasado por tensiones políticas. Destacó además ahorros de más de 1,500 millones de dólares en cinco años gracias a mejoras en contratos y servicios digitales. También se informó que se capacita a directores de escuelas para administrar mejor los recursos del Fondo de Equidad y Calidad de Educación, dando más autonomía para invertir.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impuso techos de gasto público para contener un ajuste fiscal de 1,900 millones de dólares, buscando evitar que Panamá pierda su grado de inversión. Sin embargo, los mayores retos están en las nóminas estatales, con alrededor de 250 mil empleados públicos y aumentos salariales automáticos que complican recortes. Para afrontar esto, es probable que se creen órganos especiales para revisar costos, se eliminen ministerios y se centralicen funciones. Se subraya la importancia de modernizar el Estado, impulsar la digitalización y usar tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia.
