Condena de 80 meses a Frank De Lima y Juan Carlos Pino es revocada por el tribunal

¡La novela judicial continúa! El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió revocar la sentencia que había sido impuesta al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Carlos Pino.

Ambos habían sido condenados a 80 meses de prisión por la supuesta comisión del delito de peculado en la concesión de los estacionamientos del aeropuerto.

Todo se originó en 2011, cuando Tocumen, S.A., otorgó a la empresa Sky Parking, S.A. la concesión para la administración y operación de los estacionamientos por 20 años, utilizando el mecanismo de contratación directa por invitación. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en este proceso comenzaron en agosto de 2014, gracias a una denuncia anónima que encendió las alarmas.

Sin embargo, el fallo de los magistrados José Hoo Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez argumentó que la Fiscalía Anticorrupción se excedió en el tiempo de investigación y que debió haber solicitado una prórroga ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

CorprensaFrank De Lima (izquierda), presidente y representante legal de Tocumen S.A., conversa con el gerente general de la empresa pública, Juan Carlos Pino. LA PRENSA/Archivo.

Según los magistrados, esta falta de procedimiento violó el debido proceso, lo que llevó a la anulación de la sentencia de primera instancia.

Por otro lado, en el fallo de primera instancia, se decidió absolver a Jaime Quintero, exjefe de bienes patrimoniales de Tocumen, S.A., y a Dionisia Inés Gutiérrez, representante legal de Sky Parking, S.A., levantándoles las medidas cautelares de impedimento de salida del país que habían sido impuestas.

Las investigaciones de la Fiscalía incluyeron una inspección ocular en el aeropuerto para revisar los documentos de los contratos y constatar posibles irregularidades en la adjudicación. De hecho, un informe de la Contraloría General de la República apuntó a una supuesta lesión patrimonial de $1.9 millones al Estado, una cifra que levantó aún más sospechas en el proceso.