El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y condenó a ocho años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2012, por el delito de peculado relacionado con la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera.
La decisión está contenida en el fallo No. 27 del 1 de diciembre de 2025, mediante el cual el tribunal reformó la sentencia anterior que había absuelto a todos los investigados dentro de este caso de corrupción que involucra una de las obras viales más importantes del país.
Además de Suárez, el tribunal también impuso ocho años de prisión a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza, todos hallados culpables por el mismo delito. Por su parte, Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez fueron condenados a seis años de cárcel, mientras que se confirmó la absolución de Marco Antonio Saavedra.
Este giro judicial se produce luego de que, en abril de 2025, la jueza Águeda Rentería absolviera a los implicados tras considerar que la Fiscalía Anticorrupción no había logrado probar de forma fehaciente la existencia de un perjuicio económico al Estado. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión, logrando que el tribunal superior revisara el caso y dictara ahora las condenas.
Durante el juicio, celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal Anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio al sostener que las actuaciones de los imputados ocasionaron una lesión patrimonial de $7.8 millones al Estado.
La investigación se centra en la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera, una obra que inicialmente fue contratada por $152.6 millones, pero que terminó costando $161.8 millones tras la aprobación de diversas adendas contractuales que incrementaron su valor final.
