En un esfuerzo por fortalecer la transparencia en la gestión pública, el diputado Betsarai Richards de la bancada Vamos ha presentado una propuesta en la Asamblea Nacional para modificar la Ley 6 de 2002. Esta ley establece normas para la transparencia, pero Richards argumenta que no se cumple adecuadamente, especialmente en la publicación de pagos de viáticos y auxilios económicos.
La propuesta busca hacer obligatoria la publicación trimestral de información sobre becas, subsidios, auxilios económicos y ayudas financiadas con recursos públicos. Las entidades gubernamentales deberán publicar los nombres completos de los beneficiarios y los montos otorgados en sus sitios web, asegurando que la ciudadanía tenga acceso a esta información.
Richards también sugiere cambios en el artículo 11 de la ley, que obligarían a las instituciones a publicar mensualmente detalles sobre la contratación de funcionarios, planillas, gastos de representación, viajes y otros pagos. Además, se propone la publicación de información sobre consultorías, asociaciones público-privadas y contratos con detalles claros y accesibles para todos.
El diputado enfatiza que la Ley de Transparencia necesita un cumplimiento más riguroso para evitar la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Actualmente, algunas instituciones utilizan otras normativas para evitar la publicación de ciertos detalles, lo que Richards y otros defensores de la transparencia consideran inaceptable.
Además, el diputado Betserai Richards presentó el Anteproyecto de Ley, que modifica la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. pic.twitter.com/kwvlYaIxOC
— Asamblea Nacional (@asambleapa) July 31, 2024
La propuesta de Richards también amplía el alcance de la acción de habeas data, permitiendo que los ciudadanos exijan información pública cuando las instituciones no la publiquen como corresponde.
En septiembre de 2023, una propuesta anterior para modificar la Ley 6 fue rechazada por organizaciones y la Corte Suprema de Justicia, ya que otorgaba poderes excesivos a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Sin embargo, Richards y otros defensores de la transparencia esperan que esta nueva propuesta sea un paso hacia una mayor claridad en la gestión pública.
La propuesta será debatida en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que actualmente tiene una agenda de más de 20 anteproyectos de ley.
Mientras tanto, la sociedad civil y organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) siguen abogando por una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas.
