En medio de la discusión del proyecto de Ley 10 que reforma el texto único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, los diputados Benicio Robinson, Luis Cruz y Ricardo Torres presentaron una modificación donde establecen que las empresas contrantantes con el Estado no deben haber firmado acuerdos de pena en delitos contra la administración pública, contra la fe pública, contra el orden económico y la seguridad colectiva y patrimonio económico para poder contratar.
Corprensa /Elysée Fernández / 9-4-2020 // Marzo // Pleno, Asamblea Nacional, segundo debate de la ley de contratación pública.Ayer, el Pleno de la Asamblea siguió en sesión permanente con el debate de la ley de contrataciones públicas, donde los diputados de distintas bancadas presentaron su oposición a que las empresas condenadas o con acuerdos de pena por actos de corrupción contraten con el Estado.
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Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista manifestó que los tres órganos del Estado tienen que tener controles administrativos para que no puedan establecer contrataciones directas, que no deben existir, para eso se debe planificar el ministro y el director de la entidad para que sepa que lo que compre hoy lo usará en seis meses. “Lo malo es que aquí se quiere hacer contrataciones directas hasta para los carnavales”, dijo Carles.
El diputado del PRD Julio Mendoza también se opuso a que las empresas corruptas contraten con el Estado. “No me voy a quemar políticamente aceptando eso” afirmó y a través de unas láminas escribió “no a las empresas corruptas que mostró a los presentes”.
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En importante destacar que la empresa Odebrecht llegó a Panamá en el 2006 a través del expresidente Martín Torrijos cuyo periodo también está en investigación por la Fiscalía Especial Anticorrupción quien ya retomó las indagatorias de este caso.
El presidente Laurentino “Nito” Cortizo les solicitó a los diputados celeridad en este tema para poner en ejecución algunos proyectos como el censo que debe efectuarse este año.
