La Contraloría General de la República anunció el inicio del proceso para auditar las transferencias de fondos realizadas a municipios y juntas comunales durante la administración del presidente José Raúl Mulino, luego de recibir una solicitud formal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Mediante un comunicado oficial, la entidad informó que ya se encuentra en la fase de emisión de las resoluciones necesarias para poner en marcha “de inmediato” auditorías financieras integrales sobre el uso de estos recursos públicos. El objetivo es revisar el manejo de los fondos transferidos desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.
Según explicó la Contraloría, la solicitud del MEF abarca todos los recursos entregados a municipios, juntas comunales y consejos provinciales, incluyendo partidas, subsidios y otras transferencias de origen estatal. Además, el ministerio pidió la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables que refuercen el control del gasto público y mejoren la rendición de cuentas en los gobiernos locales.
En el comunicado, la Contraloría subrayó que el propósito de estas auditorías es proteger los recursos del Estado y garantizar la trazabilidad de cada balboa público, asegurando que los fondos asignados a las comunidades sean utilizados de forma correcta y en beneficio de la ciudadanía.
El anuncio se da en medio de cuestionamientos surgidos en los últimos días por las transferencias realizadas a los gobiernos locales. El pasado jueves 4 de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la actual administración ha destinado al menos 11.5 millones de dólares en transferencias a municipios del país.
No obstante, el ministro no detalló cuáles municipios recibieron estos fondos ni los montos específicos asignados a cada uno. Lo que sí se ha señalado es que gran parte de los recursos fueron transferidos a autoridades pertenecientes a los partidos Realizando Metas, Cambio Democrático y el Partido Panameñista.
Con el inicio de estas auditorías, se espera que se esclarezca el destino de los fondos y se refuercen los mecanismos de control sobre el manejo del dinero público en los gobiernos locales.
