El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, reveló los resultados de la auditoría realizada a Panama Ports Company (PPC), calificándolos como “muy serios” y señalando un perjuicio económico para Panamá que supera los $1.2 billones. Flores anunció que se interpondrán acciones legales contra exfuncionarios y directivos relacionados con el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Entre los principales descubrimientos, Flores destacó la existencia de subsidiarias fantasma que operaron entre 2015 y 2023, causando una drástica caída en las ganancias del Estado. Según el contralor, estas empresas recibieron pagos por $478 millones, mientras que los ingresos derivados del movimiento de contenedores se redujeron significativamente. “Aquí entre más contenedores mueves, menos ganas. Es inaudito”, afirmó Flores.
Además, señaló que PPC ha declarado que estas compañías no son subsidiarias ni concesionarias, lo que llevó al contralor a calificarlas como “fantasmas”. Actualmente, estas entidades están bajo investigación por la Dirección General de Ingresos (DGI).
Auditoría al Contrato de Ley N°5 de Enero de 1997 entre el estado y la empresa Panama Ports Company y sus respectivas adendas. #ContraloríaPanamá #NuestroCompromisoEsPanamá #ContraloríaTransparente #GenteCGR pic.twitter.com/sMKiuug3Nx
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) February 4, 2021
Flores responsabilizó al excontralor Gerardo Solís por no evitar la renovación automática del contrato en 2021, pese a las falencias señaladas en auditorías previas. Según el informe presentado, las gestiones realizadas durante esa época fueron deficientes y se manejaron en secreto. “Nunca debió hacerse así”, declaró Flores.
El contralor también cuestionó la falta de refrendo por parte de la Contraloría General en el proceso de renovación del contrato. Según él, esto permitió que el Estado dejara de percibir ingresos significativos desde 2012, cuando se emitió una resolución que modificó las condiciones del acuerdo.
Otro punto crítico señalado por Flores fue el papel de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en la renovación del contrato. Acusó a su junta directiva de actuar con negligencia o alevosía al aprobar auditorías superficiales y favorecer a PPC. “La camiseta de Panamá nadie se la puso. Tenemos un contrato leonino”, expresó.
Flores adelantó que presentará querellas penales contra los exintegrantes de la junta directiva de la AMP y otros responsables del proceso. Entre ellos figuran altos funcionarios como Carlos García Molino, José Alejandro Rojas Pardini y Noriel Araúz.
Según el contralor, Panamá debía haber recibido $1,337 millones durante el periodo de concesión, pero solo obtuvo $483 millones. Esto representa un perjuicio económico directo de $853 millones, al que se suman $350 millones en exenciones fiscales otorgadas a PPC. En total, el daño económico asciende a más de $1.2 billones.
Flores concluyó afirmando que esta situación no solo refleja incumplimientos por parte de PPC sino también una gestión desventajosa por parte del Estado panameño.
