La Contraloría General de la República sigue destapando irregularidades en el manejo de fondos públicos. Este jueves, el contralor Anel Flores, junto al director nacional de Auditoría General, Cirilo Ríos, entregó al Ministerio Público un nuevo bloque de 7 informes de auditorías relacionados con distintas Juntas Comunales del país, que revelan una afectación económica de 7 millones de dólares.
Con esta nueva entrega, el total de fondos presuntamente mal manejados durante el periodo 2019–2024 ya alcanza los 14 millones de dólares. Y la cifra puede seguir subiendo: la próxima semana se entregarán 20 informes más y, según proyecciones preliminares, el perjuicio podría llegar hasta los $43 millones.
Estas auditorías forman parte de un plan nacional que inició con la revisión de 72 Juntas Comunales, pero el universo total supera las 600 en todo el país. Flores indicó que para acelerar el proceso se han reforzado los equipos técnicos, lo que ha permitido avanzar con mayor rapidez.
No todo fue negativo. El contralor también reveló que 15 Juntas Comunales auditadas no presentaron ningún hallazgo, destacando que “es refrescante ver que hay personas sirviendo a su país con honestidad”. A esos funcionarios, dijo, los invitarán a la Contraloría para reconocer su trabajo.
Flores también anunció que se auditarán los fondos destinados a becas. Cada caso será evaluado individualmente: los estudiantes que logren justificar el buen uso de los recursos serán eximidos de responsabilidad, pero quienes no puedan hacerlo tendrán que responder ante la ley y devolver el dinero.
Finalmente, el contralor fue enfático: “No nos corresponde juzgar ni sancionar. Esa labor recae en el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Nuestro deber es vigilar el buen uso de los recursos públicos y proteger el patrimonio nacional”.
