El abogado Irving Álvarez, en representación de la Contraloría General de la República, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia penal por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública en perjuicio de la Asamblea Nacional.
La denuncia señala como presuntos autores o partícipes de este delito a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”.
Esta sería la primera denuncia que presenta el contralor Anel “Bolo” Flores luego de que las auditorías realizadas detectaran que varios funcionarios que aparecían en las planillas y recibían salarios no cumplían con sus jornadas laborales, lo cual vulnera disposiciones del Código Administrativo y de la Ley 9 de 1994, que prohíbe expresamente cobrar salarios sin cumplir con la jornada laboral.
Como pruebas que acompañan y sustentan la denuncia se presentaron copias de los listados de pago por ACH, copias de listados de cheques y controles de asistencia.
Por el momento, no se ha dado a conocer los nombres de los posibles funcionarios implicados ni el monto de los fondos que fueron pagados.
