Tras concluir su segunda asamblea anual ordinaria, la Conferencia Episcopal Panameña se pronunció este viernes 7 de julio sobre varios temas nacionales, entre ellos la minería.
Durante una conferencia de prensa, los obispos manifestaron que han quedado sorprendidos con la manera en que diversos gobiernos han otorgado licencias de exploración y explotación minera en diversas regiones del país sin haber realizado “consultas efectivas con la sociedad” y en especial con las poblaciones afectadas.
“La decisión de convertir a Panamá en un país minero, según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia, compromete ese futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y la salud de los panameños y la soberanía nacional”, indicaron.
Arzobispo José Domingo Ulloa. LP/Richard BonillaRecordaron que en el 2022 la Conferencia Episcopal junto a la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) manifestaron su preocupación por los posibles daños que la minería de metales a cielo abierto podría causar a la vida, a la salud, al deterioro ecológico y la contaminación de las aguas.
“Pues, por encima de los beneficios económicos que puedan reportar estos proyectos, nos interesa cómo quedarían las personas, la poblaciones afectadas y el país en general”, indicaron.
A juicio de los obispos, si bien se cumplió el proceso sobre el contrato con Minera Panamá existen “justificadas inconformidades” de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente.
En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después del COVID-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad pic.twitter.com/WRASvF26ZP
— CEP-Panamá (@IglesiaPA) July 7, 2023
Exhortaron a las autoridades a no aprobar más concesiones de licencias de exploraciones y explotación minera hasta que la ley de minería sea revisada y reformada.
“La minería es un asunto de interés público y prioritario, en la que todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra madre Tierra”, destacaron.
