La Corte Suprema de Justicia levantó la voz contra el tijeretazo presupuestario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene previsto para el 2026. El ajuste le restaría $43 millones a la institución, bajando de $395 millones a $351 millones, según advirtieron los magistrados María Eugenia López y Olmedo Arrocha.
De ese recorte, $8 millones corresponderían a proyectos de inversión, mientras que otros $6 millones afectarían directamente al rubro de funcionamiento. Esto incluye pagos pendientes y las gratificaciones anuales para los 7 mil 20 funcionarios del Órgano Judicial.
La presidenta de la Corte, María Eugenia López, recordó que cada trabajador recibe un bono navideño de $500, el cual se vería comprometido con el nuevo ajuste. Además, mencionó que actualmente se destinan $15 millones para el seguro privado de todo el personal, gasto que también podría tambalear si se mantiene la reducción.
Los magistrados recalcaron que la medida impactaría no solo a los trabajadores judiciales, sino también al normal funcionamiento del sistema de justicia en el país. Por ello, solicitaron al MEF reconsiderar la decisión y garantizar los recursos necesarios para mantener operativa la administración de justicia.
El tema ahora queda en la cancha del Ejecutivo, que deberá valorar si mantiene el recorte o escucha el llamado del máximo tribunal de justicia del país.
